La Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados, anunció que se detectaron 7 universidades con irregularidades, las que incluso no cumplen con el requisito de corporación educacional sin fines de lucro, según un informe preliminar.
Se trata de las Universidades de Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Aiep, Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo, segun esta detallado en el informe del diputado Alberto Robles (PRSD).
El fiscal nacional Sabas Chahuán confirmó que el organismo designará un persecutor exclusivo para indagar las irregularidades detectadas en las universidades privadas.
Chahuán señaló que pedirá a la Fiscalía correspondiente la presencia de un fiscal con dedicación preferente en esta causa, debido a la magnitud de los eventuales delitos que se podrían configurar.
Entre las irregularidades mencionadas, están los altos sueldos a miembros del directorioo ejecutivos importantes, externalizar servicios relevantes (medida por la cual las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas -sociedad espejos- desde donde si pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios o en el directorio de la institución se han incorporado familiares, con el objeto de repartir un mismo ingreso entre distintos contribuyentes disminuyendo la base imponible.
Por su parte, Romilio Gutiérrez (UDI) señaló que es «necesario endurecer la legislación vigente y que donde este prohibido el lucro, este no se produzca bajo ninguna figura». Asimismo, aseguró que le han pedido al Ministro de Educación «que se establezcan sanciones ejemplares» para aquellos que están infringiendo la ley. Gutiérrez, sin embargo, agregó que «no estamos de acuerdo (los parlamentarios de la Alianza) en que se mencionaran instituciones, porque según las intervenciones del contralor, del ministro (de Educación) y del jefe de la División de Educación Superior, no había antecedentes suficientes para considerar que había lucro.
A su vez, luego de este informe, y de la invetigacion en cuestion, hubo varias protestas de estudiantes y jovenes universitarios de las universidades privadas de Chile con la intencion de recorrer las calles de antiago, para mostrar su rechazo al lucro en ese sector, tras la difusión del informe parlamentario que denuncia irregularidades en siete instituciones.
La investigación parlamentaria se inició tras lo ocurrido en la Universidad del Mar, donde su propio rector, Raúl Urrutia, denunció que la corporación mantenía impagos los sueldos de profesores y funcionarios para pagar el arrendamiento de sedes pertenecientes a empresas de fachada que también les pertenecían.
Según la comisión de diputados, algunos de los centros investigados realizaron exenciones tributarias, crearon sociedades espejo para desviar fondos y pagaron elevadas retribuciones salariales a los miembros de los distintos consejos directivos.
Durante la marcha, que se desarrolló sin incidentes, cerca de un millar de estudiantes reclamaron una mayor implicación por parte del Gobierno de Sebastián Piñera para que el Estado regule el lucro de los centros privados y rechace «la lógica mercantilista» que, según los manifestantes, reina en la educación chilena.
Los jóvenes, que también marcharon por las calles de Viña del Mar, recibieron el apoyo de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), agrupación que reúne a los estudiantes de las universidades públicas y tradicionales.
De todos modos, en el informe de la comisión no hay prueba contundente de ningún tipo de acusación. Es más,, existen universidades públicas hoy día amparadas en el estado, que también deben regularse, por caer en estas mismas irregularidades.
