La decisión del Cruch de no admitir nuevas entidades al sistema de selección debe ser justificada para alejar el riesgo de actuaciones arbitrarias.
En la última sesión celebrada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), se determinó que al menos hasta 2017 no se permitirá el ingreso de nuevas universidades al sistema único de admisión, al que actualmente adscriben 25 planteles “tradicionales” y ocho “privados”. Esta decisión ha provocado justificada molestia en aquellas universidades que aspiran a ser parte de este sistema, y deja de manifiesto la inconveniencia que aspectos tan relevantes como la selección universitaria queden entregados íntegramente a los dictámenes de un gremio.
Para justificar su decisión de “congelar” el ingreso de nuevas universidades en los próximos tres años, representantes del Cruch han señalado que durante ese período se esperan implementar las recomendaciones que la consultora Pearson formuló a la PSU. Además, alegan que algunas universidades que hoy forman parte del sistema de selección han recurrido a ciertas prácticas desleales. Ninguno de esos argumentos parece ser causa suficiente para impedir que nuevas entidades dispuestas a cumplir con los requisitos exigidos entren a este sistema. Por lo demás, distintas universidades que han buscado ser parte de este mecanismo han presentado antecedentes -como fondos adjudicados para investigación o número de publicaciones- que superan a los exhibidos por algunos planteles del Cruch, lo que hace aún más inexplicable esta negativa. Cabría esperar entonces una fundamentación más acabada que despeje cualquier suspicacia o actuación arbitraria.
Diversas voces han hecho ver la inconveniencia de que el sistema de selección universitario siga siendo manejado exclusivamente por el Cruch, donde han predominado visiones o enfoques que aunque son enteramente legítimos, no necesariamente representan al resto de la comunidad universitaria, y sus decisiones se mantienen alejadas del escrutinio público. Fue el caso de la implementación del ranking de notas -cuyos efectos aún se decantan-, el cual ha sido objeto de abruptas modificaciones, desoyendo los negativos efectos que la aplicación de dicho mecanismo tiene sobre aquellos colegios más exigentes en sus notas y sobre el sistema universitario en general.
El debate educacional que hoy enfrenta el país requiere ser asumido con total transparencia y mirando el interés del país y no de un sector en particular. La forma en que el Consejo de Rectores en general se ha desenvuelto parece desconocer esta necesidad de mayor diálogo público respecto de sus decisiones, las que inevitablemente permean al resto del sistema educacional. Ha sido evidente que incluso al interior del organismo han surgido divergencias importantes, en especial por el trato preferente que las universidades del Estado reclaman para sí en relación a la asignación de fondos públicos, lo que es un indicativo de la necesidad de que exista un equilibrio de visiones.
Entre las numerosas reformas que el gobierno ha anunciado en materia educacional, una de ellas indica la intención de terminar con la PSU en un horizonte de mediano plazo, sin que se hayan dado mayores luces de cómo será el futuro sistema de selección.
Por ello, es fundamental que los rectores tengan una visión dialogante y se evite cualquier sesgo o concesión de privilegios a grupos de interés, ya que ello iría en desmedro del fortalecimiento del sistema educacional y el objetivo de satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias.
