El objetivo es liberar traspasos de afiliados de Fonasa e isapres, y Diputados de oposición presentaron esta semana al proyecto que crea un Plan Garantizado de Salud (PGS) que apunta al corazón del sistema privado de salud.
Mas de 40 indicaciones presentaron, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que reforma al sistema de isapres.
También encendió las alertas en el mundo privado, pues algunos de los cambios propuestos impactan el corazón del negocio.
El proyecto -que crea un Plan Garantizado de Salud (PGS) para los afiliados y que en su base elimina las restricciones por sexo, edad o preexistencias- tenía marzo como plazo para ser despachado y así regular -a través de un IPC de la salud- la readecuación de las tarifas que cobran las isapres a sus usuarios.
Las indicaciones clave presentadas esta semana -especialmente por la oposición y que alertaron a los privados- apuntan a liberar el traspaso de afiliados entre Fonasa e isapres, regular el manejo de excedentes de los cotizantes y limitar la relación de propiedad entre las operadoras y los prestadores de servicios de salud. Los diputados oficialistas, en cambio, acogieron una de las recomendaciones de la industria e incluyeron en el paquete de indicaciones la fijación de una tarificación diferenciada para el PGS .
La idea del gobierno es retomar la conducción pública de la reforma a las isapres a partir de la próxima semana y destrabar el proyecto.
Según los datos de la Superintendencia de Salud, a 2011 la industria de isapres tenía casi tres millones de cotizantes, de los cuales, el 48% son cargas. Fonasa, en tanto, registra 12,7 millones de afiliados.
Lo que está en juego es clave, reconocen en la industria. Entre las indicaciones, cinco cambios movieron fuerte las aguas del Ejecutivo y en especial de los privados.
En el gobierno admiten que la libertad de traspaso para los afiliados hiere uno de los cimientos de la industria de isapres, como es el manejo autónomo de su cartera de riesgo. Pero también advierten que es posible que la oposición plantee vicios de constitucionalidad en el proyecto de ley, pues se
establecerían discriminaciones entre uno y otro sistema.
Los datos de la Superintendencia de Salud señalan que, a diciembre pasado, las isapres registraban $ 139.040 millones en cotizaciones. El detalle revela que el 63,2% proviene del pago obligatorio del 7% de la remuneración para la seguridad social en salud y el 28,5% corresponde a los aportes adicionales voluntarios que realizan los afiliados, para obtener mejores coberturas de salud o más prestadores.
Según el proyecto del gobierno, el PGS tendrá un precio único, definido por cada isapre y común para usuarios de una misma aseguradora, cuyo valor iría entre $ 15.000 y $ 20.000, según estimó la comisión de expertos convocada por el gobierno para diseñar los lineamientos del plan.
Como en teoría los cotizantes de más altos ingresos tendrán un excedente que se generará entre el valor del PGS y el monto de la cotización del 7%, el proyecto también propone que los afiliados podrán contratar beneficios complementarios con el remanente de su cotización para ampliar la cobertura o el universo de prestadores, entre otros.
En Chile existen siete isapres abiertas y seis cerradas, las cuales en su mayoría están vinculadas directa o indirectamente con los prestadores de salud privados más importantes del país o entidades empresariales.
Eso es lo que, en la práctica, ha permitido la creación de una oferta de planes cerrados, especialmente para cotizantes de ingresos medios (y sus respectivas cargas), o planes de mayor cobertura para los afiliados de más ingresos.
En el Ejecutivo aclaran que esta indicación no tiene asidero técnico, ya que es la creación del PGS lo que generaría igualdad de condiciones y beneficios básicos de buena cobertura para los afiliados y no el restringir la propiedad de los operadores.
